Introducción:
La Independencia Judicial es el elemento fundamental de la administración de justicia
y pilar en la defensa de Derechos Humanos, en el contexto de un Estado Social y Democrático
de Derecho. En ese sentido, Orocú y Porter (2015), afirman que no es solo una prerrogativa del
juez, sino también es el instrumento al servicio de la ciudadanía de que la persona juzgadora
está en condiciones de garantizar que los asuntos sometidos a su conocimiento se realizarán de
forma imparcial, en completa sujeción a la ley.
En ese contexto, la Constitución Nacional de la República del Paraguay en su art. 248
establece: queda garantizada la independencia del Poder Judicial; y en el marco de la búsqueda
de una institución que contribuya a la transparencia del Poder Judicial se crea a través del art.
253, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (en adelante el JEM), cuya función es juzgar
el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, por la
comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y con la posibilidad de
absolverlos, apercibirlos o removerlos según sea el caso.
Cumpliendo así uno de los postulados básicos de un Estado de Derecho que reconoce
el principio de separación de poderes, estableciendo así que los jueces son independientes de
los poderes políticos e independientes respecto de todos los demás jueces y tribunales, esa
independencia se refiere también a que están sometidos exclusivamente a la ley y no a las
instrucciones de otros órganos o tribunales (Bordalí, 2013). Por lo que la independencia es una
garantía del debido proceso y un presupuesto esencial para el desenvolvimiento del poder
judicial, con la cual se intenta impedir la injerencia de otros poderes (Ordoñez , Narváez,
Vázquez, & Erazo, 2020).
Entre los estudios sobre política y justicia en América Latina, la independencia judicial
puede ser considerada desde tres dimensiones concretas: la independencia externa,
imparcialidad e independencia judicial interna. La primera, hace alusión a la injerencia política
que puede establecerse sobre los fallos judiciales, la segunda se refiere a la necesidad de evitar
corrupción judicial, cuando cualquiera de las partes procesales puede influir sobre las
resoluciones de los jueces y la tercera consiste en reducir la influencia que ejercen los jueces
superiores en la escala jerárquica dentro del poder judicial (Basabe, 2015).
Entonces la politización de la justicia es un concepto utilizado para tratar de explicar la
relación que existe entre política y justicia, y se da cuando el juez al momento de dictar las